La empresa líder en el comercio electrónico eBay, y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa (CEPYME), desarrollaron su programa de formación online “Acelera con eBay”. Una apuesta en la cual se ofrecen claves y herramientas en el ámbito del e-commerce y la exportación como vía para el crecimiento de sus negocios, frente a la nueva realidad que trae consigo el Covid-19, y ayudar en la recuperación de la economía nacional. El próximo miércoles 9 de septiembre dará inicio este proceso formativo, en el que puedes inscribirte a través de este enlace: Acelera con eBay
Según la encuesta
sobre Digitalización de las pymes en el contexto de la COVID-19, realizada por
eBay, el 85% de los pequeños empresarios considera que la formación ha ayudado
a mejorar su nivel de digitalización y los ha preparado para enfrentar las
consecuencias de la crisis.
El Presidente de
CEPYME, Gerardo Cuerva, destaca que la internacionalización y el comercio
electrónico son fundamentales para la viabilidad a mediano y largo plazo de las
pymes. Por ello, “desde CEPYME, hemos puesto en marcha junto con eBay este
ambicioso proyecto, estamos convencidos de que contribuirá a ayudar a las pymes
españolas a hacer frente en mejores condiciones a la difícil situación a la que
se enfrentan, como consecuencia de la crisis económica provocada por la
pandemia”.
Con la Nueva ley de Contratación Pública
(Ley9/2017), se abre un mundo de posibilidades para las pymes y los
autónomos, por ende, se pueden ver los tres principios claves de la licitación: transparencia, eficiencia y objetividad;
como pilares de licitar con el Estado. Hablemos entonces desde el ejemplo.
Acá les dejamos
un caso reciente en donde podemos ver la aplicación
de los recursos por parte de las empresas oferentes: Elche se encuentra
paralizada en la adjudicación de un contrato para el servicio de limpieza
viaria y recogida de basuras, ¿a qué se debe esto? ¿cómo así?
Te lo vamos a poner en contexto y te invitamos a que pinches aquí , para que sepas sobre las condiciones y reglamentaciones que nos trae la Nueva Ley de Contratación, así vas a poder tomar tus propias decisiones sobre este caso y definir a tu juicio, si hay o no valides en la licitación.
La empresa Entorno Urbano y Medio Ambiente presentó
un recurso ante el Tribunal Administrativo Central por ser excluida del proceso
de licitación para el servicio de limpieza y basuras en Elche.
Esta compañía ocupó el cuarto lugar en la lista de oferentes y obtuvo una
puntuación de 22,9; con lo que quedó por debajo del mínimo exigido por la Mesa de Contratación.
La junta de
gobierno del Ayuntamiento de Elche,
adjudicó de manera provisional a la UTE formada por Urbaser y FCC, que
durante las últimas semanas ha presentado la documentación requerida para
hacerlo formal.
Entorno Urbano denuncia que el mínimo fijado en el
pliego, contraviene lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Es
decir, el límite debe ser el 50% de la puntuación establecida para los
criterios técnicos, por lo que el umbral mínimo debía haberse fijado en los 23
puntos. Según la empresa, de esta forma, se cumpliría con la puntuación mínima
exigida, con una diferencia de 0,1 puntos, que quedaría a criterio del Tribunal.
El recurso interpuesto, también dice que el Acta de
la Mesa de Contratación, reconoce la imposibilidad de declarar confidencialidad
sobre la totalidad de las propuestas, y esto porque han solicitado tener acceso
al informe de Valoración de las ofertas, ante lo cual, la respuesta que
recibieron es una declaración de confidencialidad.
Con el reclamo ante
el Tribunal Administrativo Central, se
espera conseguir mayor transparencia y claramente, a pesar de los contratiempos
que ha tenido esta contratación, que se pueda resolver y adjudicar en el mes de
octubre.
Ahora, la tarea
es tuya. Cuéntanos si estás de acuerdo, si tienes dudas, o consideras que no
hay de donde reclamar.
El Gobierno, representado por el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, apoya a las pymes que se han dedicado a fabricar productos destinados a la emergencia del Covid- 19. Mascarillas, respiradores, geles hidroalcohólicos y guantes están dentro de los productos que se consideran esenciales en medio de esta emergencia. El total de ayudas se eleva a 11 millones de Euros .
Se han recibido un total de 375 propuestas de todo el país, principalmente orientadas para dotar a esas empresas de una mejor planta física. 65 de estas se refieren a mejorar su línea de producción. El total de los recursos solicitados es 101 millones de euros.
Cataluña es la región con mayor número de propuestas con 68 que equivalen a una petición de ayuda por más de 18 millones. Luego vienen Andalucía y la Comunidad Valenciana con 55 y 64 respectivamente.
La crisis económica,
que se vivió en España durante el 2007 y hasta el 2014, según el Instituto
Nacional de Estadística, dejó afectaciones que siguen vigentes. La Gran
Recesión afectó a todo el mundo, pero especialmente a países desarrollados y la
salida de dicha situación se ha dado a costa de un crecimiento en la
desigualdad.
Con ello se dio paso a
una Nueva Ley, que estableciera parámetros de crecimiento y superación de la
crisis. Es así como el pasado 9 de marzo de 2018, entró en vigor la Ley 9/2017 para efectos de la Contratación Pública.
Dentro de los cambios que se dieron en la manera de contratar con el Estado, tenemos:
Mayor Transparencia, derivado en tres ejes fundamentales como son:
Supresión de contratación sin publicidad, ayudando así a las pymes para que puedan tener más oportunidades de licitar, aumentando la competencia y calidad dentro los procesos de adjudicación.
Los partidos políticos, organizaciones sindicales y ciertas corporaciones de Derecho Público, se regirán por esta ley, desapareciendo las instrucciones del sector público, aumentando la participación de oferentes en un 50%.
Los que han sido involucrados y condenados en casos de corrupción, no podrán ser contratistas de la administración pública.
Se crea la figura de Responsable del Contrato, quien será el encargado de ayudar al licitador/adjudicatario, así como de vigilar los proyectos realizados y asegurar el cumplimiento de los requerimientos.
2. Simplificación de trámites con mayor apropiación en las nuevas tecnologías:
La tramitación de los procesos (inclusive la presentación de ofertas), se realice por medios electrónicos. Ya en la Ley 39/2015 se apostaba por su uso, debido a que esto facilitaba los procesos y ayudaba a mejorar la comunicación y relaciones con los ciudadanos y la administración pública.
El procedimiento abierto simplificado, el cual es de tramitación breve y sencilla, pero cumpliendo con los puntos relativos a publicidad y transparencia.
Aparecen las concesiones de servicio, sustituyendo a los contratos de colaboración público-privados; con la diferencia en el contrato de servicios, en quien asuma el riesgo de la operación (en el caso de las concesiones) será el contratista.
Un nuevo recurso en materia de contratación que tiene variaciones sobre: la agilización del trámite, y una armonización prevista del importe relativo a su aplicación (en el marco de los contratos concesiones de obra o suministros superior a los 3 millones euros; 100.000 euros en el caso de servicios y suministros, incluyendo los contratos basados en un acuerdo en el marco de un sistema dinámico de adquisición).
3. Eficiencia en gastos: con ello encontramos la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales e innovadores; los cuales no se rigen especialmente por el precio, y se incorpora el concepto de relación calidad-precio. De esta manera no se verá afectada la calidad del servicio, suministro u obra.
Así mismo, las empresas que quieran vender al sector público, no podrán pagar tarde a sus proveedores. Asegurándose a través del registro electrónico que deben hacer las compañías de sus facturas. Además, en dado caso que se incumpla, el subcontratista puede exigir el pago con plazo de pago vencido.
No obstante, la Administración Pública podrá pagar las facturas de los subcontratistas, siempre y cuando se prevea en el contrato. Reduciendo los tiempos de pago y facturas. Finalmente, los contratos menores de obras se reducen hasta 40.000 euros y en contratos de suministros y servicios de 15.000 euros. Los cuales quedan exentos de IVA.
4. Facilidad en la participación de las pymes
Se
introduce la ampliación de casos donde
se utiliza la declaración responsable y se regula de manera detallada su contenido,
para acreditar solvencia. También se establece que todo contrato susceptible de ser fraccionado, deberá estarlo; con
ello las pymes y los autónomos tendrán mayor posibilidad de participar. Bajo
esta medida, se simplifican los trámites administrativos, ya que en un solo
concurso se pueden convocar diferentes áreas.
Para terminar, los licitadores deberán consultar con expertos su preparación. Con ello, se resta la posibilidad de manipulación dentro del proceso de concurso público y aportará transparencia al mismo.
5. Potenciación de las clausulas sociales y medioambientales: con lo cual se reservarán contratos para empresas de inserción laboral y trabajadores con discapacidad. También existirá la posibilidad de rescindir contratos por impagos a los trabajadores.
Te invitamos para que veas este corto vídeo y sepas un poco más sobre nosotros y lo que hacemos en nuestra comunidad.
La situación de las pequeñas y
medianas empresas ante la nueva normalidad generada por el coronavirus se ha
visto afectada en relación con el tema de la contratación pública.
Las empresas proveedoras en los
contratos públicos han presentado dos grandes efectos negativos en esta época,
una parálisis de las actividades de las empresas por el coronavirus y las
medidas que han tomado las Administraciones Públicas y empresas contratistas que
dan como resultado la deficiencia en los pagos y acumulación de la deuda.
Pero, la
situación de las empresas contratistas y subcontratistas es la iliquidez,
factor que ha ocasionado que tengan que recurrir a financiación ICO, para
cancelar las facturas no cobradas, lo cual revela un incremento en los costes.
Para que el
sistema funcione las Administraciones Públicas deben garantizar su pago dentro
del plazo estipulado para que el flujo de capital se mantenga en toda la cadena
y no se presente una ruptura.
Por medio de un manifiesto firmado por treinta organizaciones en
representación de las empresas y autónomos se pidió actuar a las
Administraciones en tres temas fundamentales: “mantener las cadenas de
contratación pública”, “asegurar los circuitos de pago” y
detener la “división de los contratos en lotes.
