La viceconsejera de
Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, realizó algunos anuncios
importantes en lo que refiere a la lucha contra el Cambio Climático y el Medio
Ambiente, enfatizando en la creación de una bolsa de materias primas
secundarias a nivel autonómico, para favorecer un mercado “transparente y real”
de residuos entre empresas de la región que permita la reutilización de este
tipo de materiales en las obras a desarrollar.
Roqueñí, afirmó que se hace necesario apostar por la “contratación pública verde”. Es decir, que, en las Licitaciones Públicas, se exija el uso de material reciclado. Así mismo, dijo que desde el SEPEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias) se prepara un catálogo sobre las necesidades formativas para atender la oferta de empleo que generará la economía circular, relevante ante las exigencias impuestas por UE en relación con el impacto medioambiental para los próximos años.
También explicó que, en
Europa, en el sector del reciclaje de desechos, se supondrá una inversión de
17.000 millones de euros entre 2021 y 2027, lo cual permitirá crear cerca de
140.000 puestos de trabajo. La viceconsejera entiende que este nuevo nicho de
mercado requiere de la colaboración de todas las partes implicadas y no es
tarea fácil.
Las declaraciones fueron dadas durante su participación en los Cursos de La Granda, en una jornada que lleva por nombre: ‘Enfoques sobre el sector industrial en Asturias’.
El consejero de Transición Ecológica de Gobierno canario, José Antonio Valbuena, llevó este mes al Consejo de Gobierno, una propuesta sobre la Ley de Cambio Climático, en la que se establece un mayor compromiso por parte, no solo de las entidades del Estado, sino del sector público, a cuidar el medio ambiente.
El borrador Legislativo en su artículo 25, señala en relación a la contratación de obras públicas, con los oferentes autónomos y el sector privado que: «promoverán la sostenibilidad energética y medioambiental mediante los instrumentos de contratación pública, de acuerdo con los objetivos de la presente Ley y dentro del respeto a los principios de libertad de acceso, transparencia, igualdad entre hombres y mujeres, objetividad y eficiencia».
Con esto se modificaría la manera en que los contratos de obras, suministros y servicios se han venido dando. En tal caso, los criterios de las licitaciones varían conformes a dicho compromiso y en pro del medio ambiente: «Como mínimo, deberá contener como criterio de valoración objetiva la huella de carbono asociada al contrato objeto de licitación. En caso contrario, los pliegos deberán justificar motivadamente la no inclusión de otros criterios».
Dicho documento contempla la evaluación y rigurosidad en los procesos de adjudicación para establecer mecanismos de protección: «como criterio de valoración, la inscripción de los licitadores en el Registro Canario de la Huella de Carbono cuando acrediten mediante la verificación de dicho registro la reducción o compensación de sus emisiones».
El documento también
recoge el sector de combustibles fósiles, ante los cuales tendrán un control
específico para la contratación pública. Con esto se pretende estar a la
vanguardia y ser un referente para otras comunidades.