La llegada de la
pandemia obligó a que se decretara el estado de alarma en España, a mediados de
marzo. Con ello, se vieron afectados todos los sectores de la industria en el
territorio nacional: las licitaciones de obra del conjunto de las
Administraciones Públicas se han desplomado un 90%, cifra que se repite en el
Ministerio de Transportes.
En marzo se
registró un descenso del 88%, en abril de casi el 100% (99%) interanual, en
mayo del 89% y en junio del 86%, según los últimos datos publicados por el
Ministerio de Transportes, Movilidad y Agencia Urbana. Aunque el importe
licitado se ha ido incrementando -en marzo fue de 87 millones y en junio
(último dato disponible) rebasó los 100 millones- desde el estado de alarma
encadena una caída del 90% con un importe total de 278 millones que contrastan
con los casi 3.000 millones que se contabilizaron un año antes. Al igual que
con las licitaciones de obra, las adjudicaciones también se han disminuido,
aunque en menor medida.
La realidad del Grupo Fomento
Fomento, la
entidad inversora por excelencia, gracias al ministerio y a las empresas
públicas que depende de él (Aena, Adif, Renfe o Puertos, entre otras); ha
presentado un descenso similar: entre marzo y junio, la licitación del Grupo
Fomento se hundió un 87% y registró 174 millones frente a los más de 1.300
millones del mismo periodo de 2019.
Desde que empezó
la pandemia, las licitaciones de obra en el territorio español han sufrido un
declive interanual con un 80% en marzo, en abril del 98%, 87% en mayo, o del
85% en junio. Con lo que se puede concluir que abril fue un mes negro para las
licitaciones de contratos de construcción por parte del Grupo Fomento.
Tan solo miremos
la realidad del momento, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda
Urbana, licitó en estos cuatro meses /marzo – junio) 3 millones de euros, casi
un 100% en comparación al año anterior; mientras que las empresas públicas que
dependen de él licitaron un 83% menos, con 170 millones.
Con el estado de
alarma, Adif redujo sus contratos en más de un 90%, muy similar a la caída que
tuvo Renfe operadora. Por su parte Aena, registró más del 80% y los Puertos,
amortiguó al 5%.
El Grupo
Fomento, en marzo, con el importe de los contratos de obra adjudicados, se derrumbó
casi un 90% interanual, en abril cedió el 11%, en mayo el 80% y en junio más
del 40%. Con lo cual Adif, Aena y Puertos, reportan pérdidas en sus
adjudicaciones de: 76%, 55%, y 45% respectivamente.
Cuando hablamos de la
propuesta, se debe tener claro todas están encaminadas en tres tipos puntuales:
obra, servicio, y suministro. Esto se traduce en estándares de regularidad y
nos encontramos con procesos de veeduría que son establecidos por entidades
públicas o privadas.
En ese orden de ideas, vamos a hablar de los pasos esenciales para presentar pliegos en una licitación pública:
Se
publica la licitación con los detalles de la entidad, las características de la
misma y del proceso, los tiempos de postulación y evaluación. Teniendo en
cuenta el tipo de contratación que se busca.
Una
vez tenemos claro el anuncio, buscamos los pliegos de la licitación pública,
con esto vamos a elaborar nuestra propuesta, teniendo en cuenta que el
documento más importante es el DEUC (Documento Europeo Único de Contratación),
el cual se debe diligenciar y es el que los inspectores van a tener como mayor
referente.
La
presentación de la propuesta tiene dos modalidades, la primera es personal, consiste
en que vamos a entregar y radicar la documentación en las instalaciones de la
entidad que abrió la licitación; la segunda tiene que ver con el boom de la
virtualidad, es decir, que la manera de presentar propuestas es por la
plataforma de contratación pública (PLACSP), la cual ofrece un servicio telemático
para anexar documentación.
El
organismo contratante evalúa las propuestas, según los parámetros establecidos
dentro de los pliegos de la licitación pública. Este proceso puede tardar un
poco y varía de acuerdo al objeto de la convocatoria o el tipo (obra, servicio,
o suministro).
Finalmente,
el ente contratante decide y publica el adjudicatario de la licitación. Esta
sería una persona autónoma, pyme o gran empresa que satisface los costos, y
necesidades que habilita en la convocatoria.
La situación financiera de gran parte del mundo se ha visto
seriamente afectada como consecuencia del Covid-19.
La pandemia no sólo ha acabado con la vida de miles de
personas, sino que revela un balance económico muy negativo ante el cierre inminente
de muchos negocios y pymes, quedando tanto dueños como empleados desprotegidos,
sin una fuente de ingreso.
Como mecanismo para contraatacar la situación económica, se
ha unido el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y el Cabildo de Gran Canaria
a través de un acuerdo de colaboración, para agilizar los expedientes de
contratación pública y reactivar la economía en las islas.
El pasado 1 de agosto se aprobó el acuerdo que tiene como
prioridad agilizar de manera técnica y jurídica los expedientes de contratación
pública para reactivar la economía, forjando nuevos proyectos y empleo. El
plazo de duración del convenio será hasta el 31 de diciembre del presente año, con
la alternativa de ampliar el termino por un año más.
Para una mayor eficacia y regulación del acuerdo, se va a contar
con una comisión, encargada de evaluar y hacer seguimiento del cumplimiento del
convenio.
Es una gran alianza, porque se van a crear nuevos equipos de
trabajo conformados por empleados públicos de ambos organismos, que tienen por
función acelerar las licitaciones públicas generando empleo y estabilidad
laboral. De igual manera, se verán beneficiados aquellos funcionarios cuyos contratos
habían sido suspendidos porque serán reactivados.
Finalmente, la crisis evoluciona con cambios positivos para la sociedad que demuestra que unidos podemos alcanzar las metas y salir de situaciones inesperadas como lo ha sido el coronavirus.
El Plan Turístico de Grandes Ciudades, comienza a operar en la ciudad de Huelva con la remodelación del Gran Teatro. Para tal fin destina 329.000 euros para mejorar y reformar las instalaciones y equipos al interior de esta representativa institución onubense por medio de una convocatoria en licitación pública. Esta iniciativa tiene una inversión para cada cuatro años de 4,7 millones de euros apoyados por la institución municipal y la Junta de Andalucía.
El Gran Teatro de Huelva, construido en 1923 y de fachada al estilo clásico, ha albergado eventos tales como el Festival de Flamenco, Festival de Cine Iberoamericano, entre muchos otros actos, que incluyen homenajes y galas benéficas. Es todo un referente cultural para la ciudad.
Se estima que el proyecto no tarde más de catorce semanas y modernice y potencie la capacidad de presentar programación cultural para la ciudad y sus visitantes. Se reformará el interior y se mejorarán los equipos. Camerinos, tarima, cortinas, butacas, luces y sonido son los objetivos de este plan integral de recuperación, aseo y actualización para este emblemático escenario.
Desde 1980 no se realizaba un mantenimiento tan ambicioso en este símbolo de la ciudad. Una muestra de cómo la licitación pública beneficia a la sociedad a muchos niveles.
Con la Nueva ley de Contratación Pública
(Ley9/2017), se abre un mundo de posibilidades para las pymes y los
autónomos, por ende, se pueden ver los tres principios claves de la licitación: transparencia, eficiencia y objetividad;
como pilares de licitar con el Estado. Hablemos entonces desde el ejemplo.
Acá les dejamos
un caso reciente en donde podemos ver la aplicación
de los recursos por parte de las empresas oferentes: Elche se encuentra
paralizada en la adjudicación de un contrato para el servicio de limpieza
viaria y recogida de basuras, ¿a qué se debe esto? ¿cómo así?
Te lo vamos a poner en contexto y te invitamos a que pinches aquí , para que sepas sobre las condiciones y reglamentaciones que nos trae la Nueva Ley de Contratación, así vas a poder tomar tus propias decisiones sobre este caso y definir a tu juicio, si hay o no valides en la licitación.
La empresa Entorno Urbano y Medio Ambiente presentó
un recurso ante el Tribunal Administrativo Central por ser excluida del proceso
de licitación para el servicio de limpieza y basuras en Elche.
Esta compañía ocupó el cuarto lugar en la lista de oferentes y obtuvo una
puntuación de 22,9; con lo que quedó por debajo del mínimo exigido por la Mesa de Contratación.
La junta de
gobierno del Ayuntamiento de Elche,
adjudicó de manera provisional a la UTE formada por Urbaser y FCC, que
durante las últimas semanas ha presentado la documentación requerida para
hacerlo formal.
Entorno Urbano denuncia que el mínimo fijado en el
pliego, contraviene lo que establece la Ley de Contratos del Sector Público. Es
decir, el límite debe ser el 50% de la puntuación establecida para los
criterios técnicos, por lo que el umbral mínimo debía haberse fijado en los 23
puntos. Según la empresa, de esta forma, se cumpliría con la puntuación mínima
exigida, con una diferencia de 0,1 puntos, que quedaría a criterio del Tribunal.
El recurso interpuesto, también dice que el Acta de
la Mesa de Contratación, reconoce la imposibilidad de declarar confidencialidad
sobre la totalidad de las propuestas, y esto porque han solicitado tener acceso
al informe de Valoración de las ofertas, ante lo cual, la respuesta que
recibieron es una declaración de confidencialidad.
Con el reclamo ante
el Tribunal Administrativo Central, se
espera conseguir mayor transparencia y claramente, a pesar de los contratiempos
que ha tenido esta contratación, que se pueda resolver y adjudicar en el mes de
octubre.
Ahora, la tarea
es tuya. Cuéntanos si estás de acuerdo, si tienes dudas, o consideras que no
hay de donde reclamar.
Los sindicatos afirman que la Generalitat Valenciana no ha manejado de manera correcta el tema de la licitación pública. Según Guillermo Forment de la Unión General de Trabajadores del País Valenciano han sacado concursos sin previo aviso y no se han reglamentado correctamente las leyes. Daniel Patiño de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras señaló que los contratos a muchos años afectan las condiciones salariales y que no permiten la subrogación de cargos de un licitante a otro, afectando la estabilidad laboral.
A dos años de la aprobación de la Ley de fomento de la Responsabilidad Social, esta no ha podido ser aplicada a cabalidad por más que se han hecho diferentes esfuerzos, la burocracia ha sido su enemigo. En el mismo año se aprobó la Ley de Contratos pero la misma, aunque frenó la corrupción, redujo significativamente los presupuestos de las licitaciones públicas causando mella en las condiciones laborales y la calidad de los productos y servicios.
Según informes de la Conselleria de Hacienda, la Generlitat pagó en 2018 78 millones de euros a contratos que no fueron anunciados públicamente y se consideraron de emergencia.
“En la actualidad, el elemento determinante para ganar un concurso público es el precio ofertado respecto a la cantidad fijada por la administración. Es necesario introducir otros elementos a la hora de valorar estos procedimientos, lo que es posible mediante las cláusulas sociales” reflexiona Rosa Pérez Garijo, consellera de Participación, Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática.
