Las organizaciones sanitarias públicas deben presentar y publicar el plan anual
de compras, con el fin de obtener un proceso ordenado y coordinado. Así mismo, para
tener un mayor control se van a determinar los recursos, establecer las
actividades y necesidades.
Para realizar
el plan anual de contratación se debe tener
el análisis e identificación de las necesidades corporativas del
hospital; actividades a realizar, objetivos, establecer indicadores de cumplimiento
y planificación de los procesos de licitación durante el año, entre otros.
El plan anual de contratación se basa en los siguientes objetivos:
Los términos de la actividad de la compra se deben establecer
en el cumplimiento de las condiciones de la publicidad, la transparencia, la equidad
y la lucha de intereses.
Dos aspectos básicos en la actividad de la compra son la
participación de licitadores y la competitividad.
Realizar la obligación de la racionalidad en el uso de
los recursos.
El presupuesto y la programación deben estar alineados.
Todos estos aspectos se deben tener en cuenta, porque llevan a la
integración de especialistas y servicios en los procesos de licitación que se
requiere, obtener indicadores de medición del desempeño de la programación,
mantener un continuo feedback de las áreas implicadas y finalmente entrar a medir
el grado de cumplimiento.
Este proceso lleva a que las licitaciones se realicen de una manera más justa, dando oportunidad a todos de participar en los procesos de contratación pública.
La crisis económica,
que se vivió en España durante el 2007 y hasta el 2014, según el Instituto
Nacional de Estadística, dejó afectaciones que siguen vigentes. La Gran
Recesión afectó a todo el mundo, pero especialmente a países desarrollados y la
salida de dicha situación se ha dado a costa de un crecimiento en la
desigualdad.
Con ello se dio paso a
una Nueva Ley, que estableciera parámetros de crecimiento y superación de la
crisis. Es así como el pasado 9 de marzo de 2018, entró en vigor la Ley 9/2017 para efectos de la Contratación Pública.
Dentro de los cambios que se dieron en la manera de contratar con el Estado, tenemos:
Mayor Transparencia, derivado en tres ejes fundamentales como son:
Supresión de contratación sin publicidad, ayudando así a las pymes para que puedan tener más oportunidades de licitar, aumentando la competencia y calidad dentro los procesos de adjudicación.
Los partidos políticos, organizaciones sindicales y ciertas corporaciones de Derecho Público, se regirán por esta ley, desapareciendo las instrucciones del sector público, aumentando la participación de oferentes en un 50%.
Los que han sido involucrados y condenados en casos de corrupción, no podrán ser contratistas de la administración pública.
Se crea la figura de Responsable del Contrato, quien será el encargado de ayudar al licitador/adjudicatario, así como de vigilar los proyectos realizados y asegurar el cumplimiento de los requerimientos.
2. Simplificación de trámites con mayor apropiación en las nuevas tecnologías:
La tramitación de los procesos (inclusive la presentación de ofertas), se realice por medios electrónicos. Ya en la Ley 39/2015 se apostaba por su uso, debido a que esto facilitaba los procesos y ayudaba a mejorar la comunicación y relaciones con los ciudadanos y la administración pública.
El procedimiento abierto simplificado, el cual es de tramitación breve y sencilla, pero cumpliendo con los puntos relativos a publicidad y transparencia.
Aparecen las concesiones de servicio, sustituyendo a los contratos de colaboración público-privados; con la diferencia en el contrato de servicios, en quien asuma el riesgo de la operación (en el caso de las concesiones) será el contratista.
Un nuevo recurso en materia de contratación que tiene variaciones sobre: la agilización del trámite, y una armonización prevista del importe relativo a su aplicación (en el marco de los contratos concesiones de obra o suministros superior a los 3 millones euros; 100.000 euros en el caso de servicios y suministros, incluyendo los contratos basados en un acuerdo en el marco de un sistema dinámico de adquisición).
3. Eficiencia en gastos: con ello encontramos la inclusión de aspectos cualitativos, medioambientales e innovadores; los cuales no se rigen especialmente por el precio, y se incorpora el concepto de relación calidad-precio. De esta manera no se verá afectada la calidad del servicio, suministro u obra.
Así mismo, las empresas que quieran vender al sector público, no podrán pagar tarde a sus proveedores. Asegurándose a través del registro electrónico que deben hacer las compañías de sus facturas. Además, en dado caso que se incumpla, el subcontratista puede exigir el pago con plazo de pago vencido.
No obstante, la Administración Pública podrá pagar las facturas de los subcontratistas, siempre y cuando se prevea en el contrato. Reduciendo los tiempos de pago y facturas. Finalmente, los contratos menores de obras se reducen hasta 40.000 euros y en contratos de suministros y servicios de 15.000 euros. Los cuales quedan exentos de IVA.
4. Facilidad en la participación de las pymes
Se
introduce la ampliación de casos donde
se utiliza la declaración responsable y se regula de manera detallada su contenido,
para acreditar solvencia. También se establece que todo contrato susceptible de ser fraccionado, deberá estarlo; con
ello las pymes y los autónomos tendrán mayor posibilidad de participar. Bajo
esta medida, se simplifican los trámites administrativos, ya que en un solo
concurso se pueden convocar diferentes áreas.
Para terminar, los licitadores deberán consultar con expertos su preparación. Con ello, se resta la posibilidad de manipulación dentro del proceso de concurso público y aportará transparencia al mismo.
5. Potenciación de las clausulas sociales y medioambientales: con lo cual se reservarán contratos para empresas de inserción laboral y trabajadores con discapacidad. También existirá la posibilidad de rescindir contratos por impagos a los trabajadores.
Te invitamos para que veas este corto vídeo y sepas un poco más sobre nosotros y lo que hacemos en nuestra comunidad.
La situación de las pequeñas y
medianas empresas ante la nueva normalidad generada por el coronavirus se ha
visto afectada en relación con el tema de la contratación pública.
Las empresas proveedoras en los
contratos públicos han presentado dos grandes efectos negativos en esta época,
una parálisis de las actividades de las empresas por el coronavirus y las
medidas que han tomado las Administraciones Públicas y empresas contratistas que
dan como resultado la deficiencia en los pagos y acumulación de la deuda.
Pero, la
situación de las empresas contratistas y subcontratistas es la iliquidez,
factor que ha ocasionado que tengan que recurrir a financiación ICO, para
cancelar las facturas no cobradas, lo cual revela un incremento en los costes.
Para que el
sistema funcione las Administraciones Públicas deben garantizar su pago dentro
del plazo estipulado para que el flujo de capital se mantenga en toda la cadena
y no se presente una ruptura.
Por medio de un manifiesto firmado por treinta organizaciones en
representación de las empresas y autónomos se pidió actuar a las
Administraciones en tres temas fundamentales: “mantener las cadenas de
contratación pública”, “asegurar los circuitos de pago” y
detener la “división de los contratos en lotes.
La viceconsejera de
Medio Ambiente y Cambio Climático, Nieves Roqueñí, realizó algunos anuncios
importantes en lo que refiere a la lucha contra el Cambio Climático y el Medio
Ambiente, enfatizando en la creación de una bolsa de materias primas
secundarias a nivel autonómico, para favorecer un mercado “transparente y real”
de residuos entre empresas de la región que permita la reutilización de este
tipo de materiales en las obras a desarrollar.
Roqueñí, afirmó que se hace necesario apostar por la “contratación pública verde”. Es decir, que, en las Licitaciones Públicas, se exija el uso de material reciclado. Así mismo, dijo que desde el SEPEPA (Servicio Público de Empleo del Principado de Asturias) se prepara un catálogo sobre las necesidades formativas para atender la oferta de empleo que generará la economía circular, relevante ante las exigencias impuestas por UE en relación con el impacto medioambiental para los próximos años.
También explicó que, en
Europa, en el sector del reciclaje de desechos, se supondrá una inversión de
17.000 millones de euros entre 2021 y 2027, lo cual permitirá crear cerca de
140.000 puestos de trabajo. La viceconsejera entiende que este nuevo nicho de
mercado requiere de la colaboración de todas las partes implicadas y no es
tarea fácil.
Las declaraciones fueron dadas durante su participación en los Cursos de La Granda, en una jornada que lleva por nombre: ‘Enfoques sobre el sector industrial en Asturias’.
El superavid logrado por el Gobierno de la ciudad de Mérida en el 2019 permite a la administración local abrir una importante licitación pública por 1,300.000 euros destinada para arreglos en los barrios y escenarios deportivos. Este proyecto tiene a casi toda la ciudad prevista, mejorando la calzada en vías deterioradas por un importante flujo de tránsito, para esto se destinan más de seiscientos mil euros.
De igual manera se intervendrán la zona deportiva La Corchera y la pista deportiva de La Antigua. Mejoramientos de estructuras, mantenimiento a las zonas de tierra, pavimentación y manejo de aguas, entre otros serán los objetivos principales de este plan gubernamental. Ya el año pasado se había trabajado en la pista atlética del Diocles.
La depuradora local será intervenida tambien para garantizar la calidad del agua que consumen los ciudadanos. Al igual que los paraderos de los buses, que serán reparados y acondicionados para rutas más modernas.
“Estamos comprometidos con la mejora de la ciudad y la atención de las necesidades de las barriadas día a día. No esperamos que se acerquen elecciones porque tenemos un compromiso con esta ciudad y todas y todos sus vecinos” señaló Carmen Yáñez, vocera del Gobierno.
En la actualidad surgen
varias oportunidades de contratación pública, que pueden ser aprovechadas por los
autónomos, las pequeñas y medianas empresas.
Cada vez son más las
necesidades y sí su negocio cumple con los requisitos es el momento de hacer
parte de los que se atreven a cambiar la historia y participar para ganar los contratos
que otorga el Estado para contratar una obra o un servicio.
En realidad, no es difícil,
hoy te vamos a compartir los pasos básicos para presentarte a un proceso de
licitación:
1.Se deben seguir las reglas de
la Ley de Contratos del Sector Público.
2. Consultar con frecuencia las
licitaciones publicadas en la plataforma de Contratación del Sector Público
3. Tener la documentación básica: declaración que hace constar que se va a seguir el modelo del Documento Único de Contratación de la Unión Europea.
4. Contar con el expediente de clasificación de empresas de obras y/o servicios
5. Acreditar la capacidad de obrar.
6. Demostrar la solvencia financiera,
económica y técnica.
7. Cumplir con los requerimientos
que se exijan en el pliego de condiciones.
8. Demostrar que la actividad a
la que se dedica esta relacionada con la litación.
No olvide que cumplir con la documentación es uno de los factores más relevantes para ofertar en una contratación, ahora debes comenzar con los requisitos según la licitación de tu interés. En este momento, hay comunidades especializadas como ICC Network que ofrecen a diario información, capacitación y asesoría personalizada que permite a pymes y autónomos participar con pasos más firmes en el área de la contratación pública.
